Cada uno puede pensar lo que quiera, pero de ahí a llevar a la acción cuanto se le antoje, pasando por arriba de la Constitución y las leyes que se han acordado para que la concordia fuese posible, no es admisible no sólo jurídicamente, sino también, porque se vulnera el más elemental sentido de armonía que exige la normal convivencia..
Nadie tiene el derecho de provocar enfrentamientos sociales que pueden llevar a situaciones extremas, ni a provocar cismas en la estabilidad económica cuyas consecuencias pueden llegar a ser predecibles en cuanto a la deriva que pueden provocar para el futuro individual y colectivo...
Quien se adjudique ese atropello, o interprete como más le convenga la respuesta o manifestación pública de una parte del colectivo social, confundiéndola con el todo o la mayoría con la que sin fundamento sueñan, sin pasar por la legitimidad que la avale, deben responder por ello apartados de los centros de poder desde los que han proclamado la ruptura, siempre, bajo el amparo legal vigente que ellos mismos han vulnerado irresponsablemente...
No se les puede permitir que una y otra vez declaren y demuestren la soberbia de desconocer las resoluciones de gobierno y tribunales, sin que les ocurra nada, sin que aparezcan los frenos para que no sigan en esa carrera ciega y sin destino posible, y se atrevan a seguir con sus desafíos sin ningún sentido.
Pero superada la etapa de la cordura y la paciencia, la misma Constitución que han humillado, les replica para ponerlos en vereda, además con la convocatoria a elecciones autonómicas con las debidas garantías, apartándolos de esa carrera desbocada que tarde o temprano iba a estrellarse contra los mismos muros que ellos han levantado..., para crear división, rupturas, conflictos de alcances imprevisibles...
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